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Comisarías de familia con funciones de policía judicial por cinco años más

  • 3 jul 2017
  • 2 Min. de lectura

Mediante la Resolución 2230, la Fiscalía otorga, nuevamente, por el término de cinco años, funciones de policía judicial a los comisarios de familia, sicólogos, trabajadores sociales y médicos que integran las comisarías de familia, en todo el territorio nacional.


Vale la pena recordar que estas atribuciones les fueron otorgadas a las comisarías de familia en el 2012 por el mismo periodo de tiempo (Resolución 918), la cuales ya vencieron.


Entre otras cosas, la nueva norma indica que la entrevista forense podrá realizarse por profesionales con formación en áreas específicas (sicología, siquiatría, sociología, trabajo social, derecho, etc.) que cuenten con entrenamiento en entrevista forense de niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, según lo dispuesto por la Ley 1652 del 2013. (Lea: Crearían sistema de búsqueda de niños desaparecidos)


Igualmente, incluye dentro de sus funciones las de realizar inspecciones en el lugar de los hechos y en lugares distintos al hecho y recaudar todos los elementos materiales probatorios cuyo hallazgo se efectúe como con­secuencia de tales inspecciones y recaudar los documentos y demás evidencias que requiera el fiscal director de la indagación o investigación, de acuerdo con el programa metodológico y órdenes que emita para tal fin.


Los comisarios de familia, sicólogos, trabajadores sociales y médicos de la Comisaria de Familia, que durante el desempeño de su cargo realicen funciones de policía judicial, deberán prestar toda la colaboración que sea necesaria en caso de ser citados en calidad de testigos durante la etapa de juicio oral. (Lea: Comisarías de familia no pueden cerrar ni multar establecimientos que vendan alcohol a menores)


Finalmente, el ente investigador se compromete a brindar a las comisarias el apoyo técnico y la instrucción necesaria para el cumplimiento de las funciones de policía judicial. Esta formación será coordinada y ejecutada por el Departamento de Altos Estudios y la Dirección Nacional del Sistema Penal Acusatorio.


(Fiscalía General de la Nación, Resolución 2230, 05/06/2017 )


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